Hay un error que se repite con demasiada frecuencia: creer que el machismo tiene una bandera política. Como si fuera patrimonio exclusivo de un sector ideológico y no una estructura que atraviesa a toda la sociedad. La realidad demuestra exactamente lo contrario. El machismo no distingue entre izquierdas y derechas, entre organizaciones sociales, iglesias, sindicatos, universidades o partidos políticos. Allí donde hay relaciones de poder, puede aparecer la violencia de género y, muchas veces, el pacto de silencio que la protege.
Las denuncias que involucraron a Nacho Levy vuelven a poner sobre la mesa una discusión que el feminismo viene dando desde hace décadas: la centralidad de la palabra de quien denuncia. Escuchar a una víctima no significa condenar sin juicio previo ni renunciar a las garantías del debido proceso. Significa comprender que denunciar violencia nunca suele ser un camino fácil. Implica exponerse al escrutinio público, al descrédito, a la revictimización y, muchas veces, a perder espacios de pertenencia.
Sin embargo, todavía asistimos a un fenómeno tan viejo como vigente: cuando el denunciado es un hombre admirado, querido o poderoso, aparecen quienes corren a proteger su imagen antes que a acompañar a quien denuncia. Es allí donde emerge con toda su crudeza lo que muchas feministas han denominado la camaradería peneana: ese pacto, muchas veces implícito, mediante el cual los varones se respaldan entre sí, relativizan las denuncias o desplazan el foco hacia la reputación del acusado antes que hacia el sufrimiento de la víctima
No importa cuánto haya hecho una persona por las causas sociales, cuántos derechos haya defendido o cuán valiosa haya sido su militancia. Ninguna trayectoria política, social o comunitaria puede transformarse en un escudo frente a una denuncia de violencia. Justamente porque quienes luchan por la justicia deberían ser los primeros en aceptar que toda persona merece ser escuchada con respeto.
El feminismo vino a cuestionar esa lógica de impunidad. Nos enseñó que las instituciones —también aquellas que se consideran progresistas— pueden reproducir prácticas patriarcales. Nos recordó que el prestigio no reemplaza la ética y que ninguna causa colectiva vale más que la dignidad de una persona.
Escuchar a las víctimas no implica renunciar al Estado de derecho. Implica dejar de partir de la sospecha automática hacia quien denuncia. Implica construir espacios donde el miedo deje de ser el precio por contar lo vivido.
También exige coherencia. No podemos reclamar perspectiva de género cuando el denunciado pertenece al espacio político que rechazamos y olvidar cuando forma parte del colectivo con el que simpatizamos. Si el feminismo tiene sentido, es precisamente porque se niega a medir los derechos según la identidad del acusado.
La verdadera prueba de nuestros principios aparece cuando la denuncia interpela a quienes admiramos. Allí se revela si defendemos valores o simplemente personas. Porque el feminismo no nació para proteger ideologías ni liderazgos. Nació para defender la dignidad, la autonomía y la voz de quienes históricamente fueron silenciadas. Y esa convicción debe sostenerse siempre. Incluso —y sobre todo— cuando incomoda a los propios.
También resulta preocupante cuando, en medio de estos debates, el blanco termina siendo otra mujer. En los últimos días vimos cómo una periodista feminista, por decidir no pronunciarse públicamente sobre un caso mientras priorizaba el respeto por el relato de la denunciante, fue objeto de ataques e insultos. Podemos discutir estrategias, tiempos o enfoques; el feminismo siempre ha sido un movimiento plural. Pero cuando la discusión se transforma en hostigamiento entre mujeres, perdemos de vista lo esencial. Nuestra energía no debería dirigirse contra quienes, con aciertos o errores, buscan actuar con responsabilidad, sino contra las violencias que denunciamos. El adversario nunca es otra mujer: el problema sigue siendo el machismo y quienes ejercen la violencia.
Mí nombre sigue siendo Anto… el corazón SIEMPRE con las víctimas 💜