Louis Althusser escribió hace más de medio siglo una idea que todavía incomoda: el Estado no sostiene un determinado orden social únicamente mediante la fuerza. También lo hace a
través de la ideología, de aquellas instituciones y discursos que construyen una determinada manera de entender el mundo y nos presentan como naturales decisiones que, en realidad, son profundamente políticas.

Para Althusser existen, a grandes rasgos, dos mecanismos. Por un lado, el aparato
represivo del Estado: la policía, los tribunales, las fuerzas de seguridad, las cárceles y aquellas instituciones cuya función puede expresarse mediante la coerción. Por otro, los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, la familia, los medios de comunicación,
las instituciones religiosas y políticas, que contribuyen a reproducir determinadas ideas y relaciones sociales.

Y cuesta no pensar en la Argentina actual.

En las calles, el conflicto político se encuentra cada vez más atravesado por una pregunta fundamental: ¿qué lugar tiene la protesta en una democracia?
Este 6 de agosto, mientras organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizan
frente al Congreso en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
—conocido públicamente como Ley de Tierras—, el Gobierno despliega un importante operativo de seguridad y aplica nuevamente el protocolo antipiquetes.
No se trata solamente de una discusión sobre una ley.


Se trata también de discutir qué hacemos con quienes disienten.
Porque una democracia no puede reducirse al acto de votar cada cuatro años. La democracia también existe cuando una persona se para en una plaza, levanta un cartel,
canta, reclama, marcha y dice “no estoy de acuerdo”.
El problema aparece cuando el Estado comienza a tratar la protesta social principalmente como una amenaza que debe ser contenida.

Ahí la lectura de Althusser vuelve a resultar incómodamente actual. El aparato represivo aparece cuando el conflicto ya no puede ser administrado solamente mediante el consenso.
La fuerza pasa a ocupar el centro de la escena. La policía controla, las calles se cercan, los movimientos se restringen y la protesta empieza a ser presentada como un obstáculo para el funcionamiento normal de la sociedad.
Pero ¿qué significa exactamente “normalidad”?
¿Normalidad para quién?
¿Para quien protesta o para quien gobierna?


El neoliberalismo no llega únicamente con reformas económicas. También necesita construir un sentido común que presente determinadas políticas como inevitables: el mercado como
solución, el Estado como problema, la propiedad privada como principio incuestionable y el conflicto social como una molestia que debe desaparecer de la escena pública.
Y allí aparece nuevamente la dimensión ideológica de Althusser.

Porque no hace falta que alguien nos obligue físicamente a aceptar una determinada idea si conseguimos convencernos de que esa idea es simplemente “sentido común”.
Ese es quizás uno de los grandes terrenos de disputa de nuestro tiempo.
Mientras el Gobierno impulsa transformaciones profundas en materia económica, laboral,
social y territorial, también se disputa el significado de palabras fundamentales: libertad, propiedad, orden, democracia, protesta y Estado.
La pregunta es quién tiene el poder de definirlas.
Y frente a eso, la calle también habla.


La movilización de hoy contra la llamada Ley de Tierras demuestra que existe una parte de
la sociedad que no está dispuesta a aceptar silenciosamente todas las transformaciones
impulsadas desde el poder. El propio Gobierno retiró del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar garantizar su tratamiento legislativo, pero la
protesta continuó alrededor de otros aspectos de la iniciativa.
Eso también es democracia.
La democracia no es la ausencia de conflicto. La democracia es la posibilidad de tramitar el conflicto sin convertir al que piensa distinto en un enemigo.
Por eso, la pregunta que deberíamos hacernos no es solamente qué dice una ley. También deberíamos preguntarnos qué sociedad estamos construyendo mientras esas leyes se discuten. Porque cuando la respuesta ante el reclamo ciudadano es cada vez más policía, más
vallados y más restricciones, el problema deja de ser únicamente el contenido de una determinada política pública.

El problema pasa a ser el modelo de democracia que estamos construyendo.
Althusser nos permite mirar más allá de la superficie: detrás de cada decisión política existe
una disputa por el poder, por las ideas y por la capacidad de definir qué es aceptable y qué debe ser expulsado del espacio público.
Y frente a esa disputa, quedarse callados tampoco es neutral.
Porque si la democracia significa que el pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes, también significa que tiene derecho a interpelarlos, cuestionarlos y reclamarles.
La calle no es enemiga de la democracia.
La protesta tampoco.
Una democracia verdaderamente viva debería ser lo suficientemente fuerte como para soportar el disenso sin necesitar convertir cada voz crítica en un problema de seguridad.
Porque cuando el Estado deja de escuchar y empieza solamente a disciplinar, la pregunta ya no es cuánto ruido hace la protesta.
La pregunta es cuánto silencio necesita el poder para gobernar sin ser cuestionado.


Soy Anto el corazón NUNCA a la derecha!

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